Los PPPs como solución a la escasez de agua en el Mediterráneo

El Mediterráneo se encuentra en el cruce de tres continentes y ha sido la cuna de las principales civilizaciones. Las diversas experiencias y culturas han dado como resultado niveles desiguales de desarrollo económico y sistemas sociopolíticos. En cuanto al agua, la región mediterránea también cuenta con una distribución muy desigual de los recursos hídricos. La escasez de agua se concentra sobre todo en las regiones meridional y oriental del Mediterráneo, y además, la demanda de agua se ha disparado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el desarrollo de actividades económicas como el turismo o la producción de alimentos o textiles.

La extracción intensiva de agua subterránea ha llevado al agotamiento de las masas de agua superficial y subterránea, y a la intrusión de agua de mar en los acuíferos costeros. En los últimos 50 años, la demanda de agua para todos los sectores de actividad se ha duplicado hasta llegar a 280 km³/año en 2007, por lo que actualmente será mayor. La eficiencia del uso del agua está lejos de ser satisfactoria, especialmente en la agricultura y hay un aumento de la demanda de agua para el riego en países como Argelia, Egipto, Marruecos, Siria y Turquía. De acuerdo con las estimaciones de los expertos, los países en desarrollo utilizan el doble de agua por hectárea de regadío que los países industrializados, a pesar de que su rendimiento es tres veces menor debido a métodos de riego ineficaces, ineficiencias, tasas de evaporación, etc. y, por tanto, se ha conducido a un deterioro de la calidad del agua.

Por otro lado, la calidad del agua está muy afectada por la contaminación debida a las intensas actividades humanas (industria, turismo, etc.) y a la concentración de la población en las zonas urbanas y costeras. La región mediterránea cubre 1,75 millones de km². Con 446 millones de habitantes, que representan el 7% de la población mundial, el Mediterráneo se encuentra con un crecimiento demográfico rápido y desequilibrado y con mayores tendencias urbanísticas. El aumento de la pobreza en los centros urbanos está directamente relacionado con el agua y la salud.

La población residente del Mediterráneo aumentará, de acuerdo con las estimaciones de la Naciones Unidas, a aproximadamente 508-579 millones en 2025. En 2000, la zona costera de la región tenía una población de 143 millones de personas que representa el 33% de la región. Para el año 2025, esta población está prevista que aumente hasta 174 millones de personas. Esta urbanización de las zonas costeras también tiene un impacto negativo en la demanda y el uso de los recursos hídricos, causado por desarrollos incontrolados e infraestructura, alcantarillado, escurrimiento urbano y aumento de los residuos sólidos.

A esto se le suma que la eficiencia del agua sigue siendo muy baja en toda la región mediterránea: las pérdidas, las fugas y el despilfarro representan casi el 40% de la demanda total de agua. Estas pérdidas se deben principalmente a un mantenimiento y operación de la red ineficiente, así como a técnicas de riego inadecuadas.

Otros reto importantes en la implicación del uso insostenible de los recursos hídricos en el Mediterráneo es la pérdida de humedales y ecosistemas acuáticos que juegan un papel decisivo en la conservación de la biodiversidad, así como el cambio climático.

Vista la situación real y dado que el suministro de agua natural ya no satisface la creciente demanda en varios países de la región del Mediterráneo, los recursos hídricos no convencionales, como la reutilización de aguas residuales y la desalación, se están convirtiendo cada vez más en una fuente adicional para asegurar la disponibilidad de agua. La mejora de las fuentes de agua no convencionales exige una mejor planificación y regulación, una inversión coordinada, un seguimiento de las operaciones, mayor capacidad de gestión de los activos y, cuando sea pertinente, la mitigación de los impactos negativos a lo largo de la costa.

En la región mediterránea, a pesar de la importante asignación de los fondos y flujos de ayuda, los países luchan por conseguir los recursos financieros requeridos para aplicar las estrategias y los planes relacionados con el agua. La falta de un marco sólido de gobernanza limita la calidad y la sostenibilidad del sector de agua y saneamiento. Además, la mala gestión, la baja inversión y la falta de capacidad a nivel nacional y local obstaculizan una gestión eficiente y la entrada de financiación, especialmente del sector privado.  Al mismo tiempo, los disturbios políticos en la región mediterránea hacen necesarias reformas socio-políticas.

Sin embargo, la creciente demanda de un suministro suficiente de agua y de una mayor participación de todas las partes tanto públicas como privadas, está suponiendo un cambio significativo en el modelo de financiación de los proyectos de agua.

Hasta hace pocos años el modelo de ingeniería y construcción, más conocido como EPC, era el modelo de contrato dominante en el sector del agua si una utility o administración pública necesitaba construir una infraestructura de agua para dar servicio a sus clientes. Bajo este modelo, tanto la financiación para los estudios preliminares, como para los documentos desde la precalificación hasta la adjudicación (cubriendo todas las disciplinas tanto técnicas, jurídicas y de garantías), y por último la  inversión y la operación de las plantas, eran asumidas por estas administraciones o utilities. Debido a la alta implicación de los actores públicos en el modelo EPC, éste exige un mayor control de costes con unos márgenes cada vez más estrechos para las empresas, lo que está provocando un cambio de tendencia hacia el modelo de alianza público-privada.

Tras la crisis, muchos gobiernos optaron por aumentar el gasto público en tratamiento de agua potable y de aguas residuales como medio de estimular la economía, mientras que por otro lado, el auge de los mercados de energías renovables y recursos naturales entre 2010 y 2014 creó un interés por parte del capital privado en el sector del agua en todas las partes del mundo. Tras estos años, muchos gobiernos, entre ellos los de la región mediterránea, no tienen fondos para financiar la inversión en agua, por lo que la respuesta ha sido una mayor atracción por la financiación privada

Un PPP (Public-Private Partnership) es un modelo de contrato que conjuga recursos públicos y privados para viabilizar infraestructuras de gran envergadura. De esta manera, un agente privado aporta recursos financieros y humanos para la construcción y operación de un activo, a cambio del derecho de explotación durante un largo periodo de tiempo, que se instrumenta a través de un contrato de compraventa de agua por el que se paga una tarifa de agua por un caudal de agua diario durante un periodo a largo plazo (20-30 años). Tras ese periodo de concesión, el activo vuelve de nuevo a manos de la entidad pública.

La principal ventaja que tienen las alianzas público-privadas es la de compartir recursos humanos, financieros y técnicos, permitiendo un reparto óptimo, pues la responsabilidad recae sobre los más capacitados para desarrollar el proyecto, y repercutiendo por tanto en la eficiencia y coste del proyecto. Además existen otras ventajas que están permitiendo que el modelo de contratación bajo PPP se expanda en el sector del agua y específicamente en la región del Mediterráneo:

• Atraen capital privado para desarrollar proyectos de mayor envergadura, permitiendo que los gobiernos no tengan un alto endeudamiento, ya que lo transfieren a la tarifa que se paga por el uso y consumo del recurso.
• Disponen de una mayor experiencia en gestión y operación al ser abordados por empresas del sector con experiencia y compitiendo en el mercado.
• Permiten un mayor acceso a las infraestructuras por parte de los ciudadanos.
• Reparten responsabilidades, riesgos y roles y son distribuidos eficazmente por las partes mejor preparadas para hacerlo.
• Optimizan la eficiencia de los recursos al imponerse el modelo de gestión privado, que suele tener herramientas de valoración por objetivos mejor desarrolladas e implantadas.
• Al delegar operaciones diarias al sector privado, los gobiernos pueden enfocarse en el desarrollo de leyes, planeamiento y regulaciones.
• Activan el trabajo local y extranjero.
• Promueven la formación y nuevos conocimientos en la comunidad.
• Mejoran la responsabilidad social.
• Impulsan la innovación como base fundamental de mejora eficiente de la tecnología y la gestión.

La participación del sector privado en los sistemas de distribución de agua sigue siendo una cuestión política delicada, especialmente en Europa y el Mediterráneo. Esto significa que la mayoría de las oportunidades se encuentran en la construcción, concesión y operación de activos de tratamiento de agua, en lugar del abastecimiento directo al usuario final. Los comienzos en la región del Mediterráneo fueron con proyectos de desalación, en la primera década del siglo, con programas emblemáticos como el llevado a cabo por el gobierno argelino y liderado por Sonatrach.

Actualmente, se está llevando a cabo una reestructuración que supone oportunidades para el sector privado y actores internacionales para entrar en países que previamente estaban cerrados a la inversión privada. Es el caso de Arabia Saudita, la cual está analizando nuevas alianzas privadas para aumentar la eficiencia y el rendimiento de sus sistemas de saneamiento y tratamiento. Las oportunidades incluyen 2,85 millones de m³/d de nueva capacidad de desalación y 1,57 millones de m³/d de capacidad de tratamiento en nuevo proyectos de aguas residuales.

Arabia Saudí aspira a reutilizar más del 65 por ciento de su agua para el año 2020 y más del 90 por ciento para 2040, transformando y mejorando sus activos actuales de tratamiento de aguas residuales y planeando nuevas plantas de reutilización para el sector industrial. Según  Global Water Intelligence, el mercado de reutilización de Arabia Saudí, valorado en más de 4.300 millones de dólares, se estima que será el tercero más grande del mundo. Asimismo, como parte de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Transformación, Arabia Saudí pretende aumentar la proporción de agua desalada producida por operadores privados del 16 al 52 por ciento para 2020 y que se extienda los servicios de agua potable y alcantarillado del 42 al 70% de las ciudades.

El sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es el de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Para el 2030 se pretende que el acceso al agua potable sea universal y equitativo, y además a un precio asequible. Estas colaboraciones público-privadas permiten ampliar y mejorar el acceso al agua potable, garantizar la calidad de la misma, y optimizar su servicio y gestión; a través de herramientas de gestión, tecnología y financiación para hacer de este escenario una realidad.

Almar Water Solutions, con sede en Oriente Medio y España, entre otras, conoce de primera mano la situación del agua en las regiones del Mediterráneo. Su equipo, con más de 20 años de experiencia en el sector, ha desarrollado proyectos en muchos países de la zona y actualmente trabaja por proporcionar soluciones sostenibles a los problemas de escasez de agua, contaminación y falta de financiación para propuestas renovables de producción y tratamiento de agua en el Mediterráneo.

Referencias:

• Global Water Market 2017, Global Water Intelligence.
• The Water Issue in the Mediterranean, Eugenia Ferragina.
• Global Water Partnership Mediterranean.
• U.S. – Saudi Arabian Business Council